2/2/08

Las diferencias

Rosario Robles
Milenio - 26 de enero de 2008

Dos maneras, dos formas de enfrentar una problemática similar retratan con una gran claridad los proyectos que (por lo menos en este aspecto) encarnan los gobernantes locales con mayor resonancia en el país: Enrique Peña y Marcelo Ebrard. Ambos se propusieron la construcción de proyectos que no contaban con el respaldo de los vecinos de las zonas seleccionadas para ello. En un caso, la Torre Bicentenario, en el otro, la ciudad del mismo nombre. La oposición férrea de los habitantes de Las Lomas y de Virreyes llevó a la cancelación de la construcción de la torre (por lo menos en ese lugar) que estaba asociada a empresarios que apoyaron la campaña de López Obrador y del propio Ebrard, y a funcionarios que inexplicablemente forman parte de las filas del gobierno perredista, y que apenas hace muy poco tiempo eran directivos de algunas de esas empresas inmobiliarias. El Jefe de Gobierno se negó sistemáticamente a realizar una consulta, lo que hubiera sido coherente con una perspectiva de izquierda, entre otras cosas porque era rehén de esos intereses que, en su desmedido afán, pretendían convertir parte del Bosque de Chapultepec, de ese pulmón verde que es patrimonio de todos, en el estacionamiento de un edificio privado que generaría además caos y desorden en esa parte de la ciudad. Lejos de involucrar a los ciudadanos y de escuchar sus razones, el gobierno capitalino reiteró una y otra vez que el proyecto no se cancelaría y descalificó a quienes se oponían. Sin embargo, la opinión pública le dio la razón a sus detractores y, en una lógica de perder-perder, Ebrard tuvo que retirar la propuesta aduciendo litigios de carácter legal.

En la otra acera, el gobernador mexiquense (el que no es de izquierda, el del PRI, el que en la lógica perredista “forma parte una red inconfesable de intereses”) no tuvo el menor empacho en recurrir a la consulta ciudadana cuando detectó un importante malestar de la población de Metepec y Toluca con relación a la edificación de la Ciudad Bicentenario que, dicho sea de paso, consistía en la venta de un terreno de más de 100 hectáreas conocido como el conjunto Sedagro a cambio de la construcción de nuevas oficinas estatales, un centro de convenciones, y 3 mil viviendas, entre otros rubros. En el proyecto inicial sólo se contemplaba un parque de alrededor de 20 hectáreas. Los vecinos argumentaron que tendría un impacto negativo al señalar que se afectaría un importante pulmón y que era inaceptable que tan significativo patrimonio público pasara a manos privadas. En cambio, propusieron la creación en esos terrenos (en los que ahora se produce papa, flor de calabaza y girasol) de la Reserva Natural Bicentenario. En un hecho inédito en el Estado de México, el gobierno decidió anteponer el derecho ciudadano a decidir y, a diferencia de lo sucedido en el Distrito Federal, convocó a una consulta. En ese ejercicio democrático (realizada el pasado domingo) se expresó claramente el rechazo al proyecto tal como había sido concebido. Por ello, el propio gobernador les informó a los pobladores que, respetando su decisión, no se venderían los terrenos y que se realizaría un parque público de 80 hectáreas de superficie, que incluirá además un centro ambiental para la capacitación y generación de proyectos ecológicos, cancelando definitivamente la construcción de viviendas y oficinas privadas. Con esta determinación se impuso el derecho ciudadano a decidir sobre cuestiones que le afectan. Se logró con ello preservar el carácter público de un espacio tan importante, lo que favorecerá la recarga de los acuíferos de la región y la regulación del microclima, y permitirá brindar servicios ambientales tan importantes como la reducción de la contaminación atmosférica, la generación de oxígeno y la fijación de bióxido de carbono. Dos problemas similares, dos respuestas totalmente diferentes. Una autoritaria, la otra democrática. Así de simple.
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