El Universal
Sábado 19 de enero de 2008
Pese a que el proyecto contradice el título de “Ciudad Típica” otorgado a Metepec en la década de los 90, la postura gubernamental ha sido inamovible, aun cuando a esto se han sumado rechazo, críticas y advertencias de grupos ecologistas, urbanistas y residentes
METEPEC, Méx. - La madrugada del 16 de diciembre, el Congreso local aprobó una iniciativa del gobernador Enrique Peña para privatizar 130 hectáreas de áreas verdes que por más de medio siglo ocupó el Conjunto Sedagro, con el fin de convertirlo en un exclusivo desarrollo inmobiliario, a cambio de la construcción “gratuita” de oficinas administrativas.
Pese a que el proyecto contradice el título de “Ciudad Típica” otorgado a Metepec en la década de los 90, la postura gubernamental ha sido inamovible, aun cuando a esto se han sumado rechazo, críticas y advertencias de grupos ecologistas, urbanistas y residentes que ven en el proyecto una amenaza a su estilo de vida y a su patrimonio ambiental y cultural.
El proyecto “sin reversa”, según ha expresado el secretario de Finanzas, Luis Videgaray Caso, ha desatado controversias entre el gobierno mexiquense y ambientalistas, que buscan adeptos en favor y contra la “Ciudad Administrativa”.
El saldo es desfavorable para el proyecto, pues más de 6 mil firmas recabadas en http://www.salvemossedagro.org/ manifiestan su rechazo.
Un sondeo de este diario entre 500 personas arrojó una inconformidad ciudadana superior a 58%.
La noche de la aprobación en el Congreso, la legisladora del PAN Selma Montenegro advirtió que el valor de 843 millones 732 mil 899 pesos fijado por el gobierno estatal al conjunto de predios, era dos tercios menor a su costo en el mercado inmobiliario. Una verdadera ganga, sostuvo, si se considera que el costo del metro cuadrado es de 2 mil 500 pesos, mientras el gobierno mexiquense lo valuó en 800 pesos.
A cambio, el supuesto beneficio para la administración es la construcción gratuita de oficinas para 4 mil burócratas, lo que le significará un ahorro anual de 5 millones de pesos en rentas, dijo Videgaray Caso.
El proyecto
En la iniciativa de ley aprobada por la legislatura mexiquense se plantea que “un solo desarrollador” adquirirá los inmuebles a través de un fideicomiso, ejecutará el proyecto integral y pagará en especie al estado de México con la construcción de oficinas para la administración pública “y otros inmuebles”, que no detalla.
El proyecto plantea oficinas para 4 mil funcionarios, un centro comercial estilo Santa Fe, en el Distrito Federal, al menos 3 mil departamentos de lujo y 4 mil casas habitación, instituciones de educación superior, un hospital, un centro de convenciones para 5 mil personas, oficinas corporativas y un jardín de 20 hectáreas.
Establece que el fideicomiso “constituirá el mecanismo jurídico que vinculará al Estado de México y al desarrollador”, quien con recursos propios deberá ejecutar el proyecto integral urbano y la construcción de las oficinas administrativas.
La iniciativa del gobernador Peña Nieto para dar vida al proyecto y el decreto emitido por la Legislatura no detallan la operación financiera, obras ni beneficios concretos para el grueso de la población.
Tampoco aclara que el hospital y las escuelas serán privadas - Universidad Anáhuac y Hospital Ángeles - y las “casas-habitación” son residencias de lujo que demandarán servicios especiales, coincidieron urbanistas, legisladores y ambientalistas al evaluar el proyecto.
Tampoco aclara que el Fideicomiso es “inauditable” pues lo protege el llamado secreto bancario.
El proyecto no ha sido publicado por lo que no se indican obras complementarias como avenidas, estacionamientos y glorietas, en terrenos donde sólo se marca vagamente un área verde de 20 hectáreas, indicaron Selma Montenegro, diputada del PAN, y Adrián Chavarria, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas.
Los impactos
Según urbanistas como Susana Bianconi y Alfonso Iracheta, el proyecto implicará la llegada de golpe de al menos 40 mil personas a la zona, que alterarán la vida de la población de esta localidad.
Iracheta Cenecorta, investigador de El Colegio Mexiquense y miembro del Consejo Asesor para el programa Hábitat de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostuvo que “Ciudad Administrativa” generará un gran conflicto urbano, ecológico y ambiental en Metepec.
Luz María Gómez Ordóñez, directora del Movimiento Ecologista del Estado de México AC, alertó que se ocasionará un “ecocidio”, pues los pozos de la zona no podrán alimentar a miles de personas que llegarán y la flora y fauna se verán afectados con el mayor parque vehicular.
Al respecto, el secretario de Medio Ambiente mexiquense, Guillermo Velasco, aseguró que los árboles en buen estado de la zona serán preservados y las construcciones tendrán restricciones para a mejorar el medio ambiente.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/88592.html
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